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¿Renacerá la Sección 936 en Puerto Rico?

Parafraseando al gran Albert Einstein, es en las crisis cuando nacen las inventivas, los descubrimientos y las grandes estrategias. Ahora, justo en medio de la pandemia del COVID-19, y a raíz de la necesidad de no depender de China en cuanto a medicamentos e insumos sanitarios se refiere, ha surgido una gran iniciativa: el proyecto de Ley para Asegurar la Cadena de Suministros de 2020, encabezada por la representante de Puerto Rico (PR) al Congreso de los Estados Unidos, Jenniffer González.

Tal como ha afirmado la comisionada residente en Washington, “la pandemia del coronavirus ha demostrado claramente cómo la dependencia de Estados Unidos con jurisdicciones extranjeras [en cuanto a] materias primas y productos necesarios para los medicamentos puede poner en riesgo la seguridad de la nación. Esta legislación evitaría la escasez de suministros para eventos futuros, mientras que al mismo tiempo contribuiría al desarrollo económico de las jurisdicciones estadounidenses más necesitadas”.

González también ha resaltado que “la producción, así como la investigación de medicamentos, debe ser un asunto de salud y seguridad nacional, y Puerto Rico tiene la experiencia y las instalaciones para eso. Tenemos una gran huella y presencia farmacéutica en la isla, donde se producen más de 40 medicamentos y productos claves para la salud”.

Con una aprobación bipartidista, este proyecto de ley no solo reafirma el interés de la administración Trump por cambiar el escenario de dependencia con China, sino que también buscaría incentivar la producción farmacéutica en Puerto Rico bajo una posible reactivación de la Sección 936 del Código de Rentas Internas.

Antecedentes de la Sección 936

Aprobada en 1976, esta sección fue una medida adoptada por el Gobierno Federal para promover que empresas norteamericanas pudieran utilizar a PR como fuente de inversión, quedando eximidas de pagar contribuciones federales.

Tal como era de esperarse, la sección impulsó el avance de las industrias bancaria, financiera, farmacéutica y electrónica, pero en 1985, el Departamento del Tesoro abogó por su eliminación o modificación.

La petición obedecía a la intención de recuperar los fondos perdidos a causa de la puesta en práctica de la sección, estimados en $7 mil millones de dólares. En ese entonces, ciertas modificaciones permitieron que los fondos 936 tuvieran un alcance regional y pudieran reinvertirse en países partícipes de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe.

Sin embargo, en 1993, justo en medio del déficit presupuestario estadounidense, el presidente William Clinton reexaminó la sección y recomendó su total eliminación. Ese mismo año se legisló una limitación al crédito arancelario que las corporaciones podían asignar a su producción manufacturera en PR, y tres años después, en 1996, la sección fue totalmente derogada.

Puntos clave del proyecto de ley

Según ha trascendido, el proyecto de Ley para Asegurar la Cadena de Suministros de 2020 incluye propuestas como las siguientes:

  • Traer a suelo americano la producción de medicamentos manufacturados en China, Japón e Inglaterra, y verlo como un asunto de salud y seguridad nacional.
  • Otorgar créditos contributivos a empresas manufactureras que se establezcan en zonas afligidas económicamente, con el 35% de su población bajo los niveles federales de pobreza, lo que aplicaría a casi todo Puerto Rico.
  • Conceder un crédito federal de 50% por salarios, inversiones y compras realizadas a empresas radicadas fuera de EE. UU. que trasladen a una zona pobre la manufactura de fármacos, productos para medicamentos y equipos médicos.
  • Aprovechar la experiencia que tiene PR en la rama farmacológica, así como sus instalaciones.

Escenario actual de Puerto Rico

Tal como revela ElVocero.com, PR tiene ahora la posibilidad de reconvertirse en una importante pieza de la industria farmacéutica a escala global.

En su artículo “La pandemia y el renacimiento industrial de Puerto Rico”, la publicación resalta que “en la isla todavía operan unas 50 empresas multinacionales, líderes de esta industria, que exportan medicinas y derivados por valor de $50,000 millones de dólares anuales”.

El mismo reporte indica que “los sectores farmacéutico y biotecnológico generan alrededor de 30,000 empleos directos bien pagados, y que la industria representa la espina dorsal de la economía al aportar el 45% del Producto Interno Bruto”. Además, “PR aún retiene importantes ventajas competitivas en esta industria, como su capital humano, el ecosistema académico y la capacidad para cumplir con las regulaciones de la FDA”.

Apoyo bipartidista

Si bien es cierto que para aprobar esta ley hará falta un debate serio, libre de posiciones políticas, también lo es el hecho de que el proyecto ha contado desde su inicio con un apoyo bipartidista.

De uno y otro lado, los congresistas aplauden a la comisionada residente por priorizar el bienestar de sus representados y la recuperación económica de Puerto Rico. Al propio tiempo, remarcan que esta legislación, orientada hacia las llamadas distressed zones, es crucial para poner fin al ciclo de inmensa pobreza derivada de la dificultad de atraer corporaciones a ese territorio.

De igual manera, ambos bandos resaltan la necesidad de alentar a los manufactureros, especialmente a aquellos que producen artículos esenciales para nuestra recuperación, a reubicarse en esas áreas con dificultades económicas.

Paralelamente, los congresistas concuerdan en que esta legislación no solo revitalizaría esas comunidades, sino que también incentivaría a las empresas a mudarse a Estados Unidos, y producir suministros médicos y equipos de protección esenciales para mantener un arsenal estratégico sólido.

Pasos de avance en torno a la ley

Obviamente, esta propuesta debe ser muy bien examinada a fin de lograr su aprobación. Organizaciones como la Asociación de Industriales de Puerto Rico han dicho que trabajan en presentar sus alternativas al respecto.

El grupo Alianza Privada para el Desarrollo Económico de PR, por su parte, considera que el proyecto podría darse después de que EE. UU. emita una orden para que productos de su reserva estratégica de salud se elaboren en nuestro territorio.

Obviamente, tanto la Casa Blanca como el Congreso están a favor de que nuestro país dependa menos de la producción de medicamentos de otros países, especialmente, de China, país que no solo es investigado por haber ocultado información referente al coronavirus, sino que ha infringido continuamente las leyes de la propiedad intelectual por usurpar secretos comerciales, entre otros delitos.

Apoyo de los medios de prensa

Medio de prensa locales han opinado a favor de traer a suelo estadounidense la producción de fármacos y productos sanitarios. El New York Post es uno de ellos. En un editorial publicado recientemente, el diario aboga para que el Congreso reviva la Sección 936.

Asimismo, plantea aprovechar la actual paralización en la cadena de producción de medicamentos en China, que hace a los EE. UU. más vulnerable para combatir la epidemia. Es decir, lo ve como un hecho demostrativo de la perentoriedad por resolver este dilema de una buena vez.

En su editorial, el New York Post señala que el 90% de los ingredientes activos de nuestros medicamentos viene de China y recuerda que buena parte de esa producción solía venir de Puerto Rico.

Al propio tiempo, subraya la necesidad de fortalecer nuestra seguridad nacional y, de paso, dar empleo a más de tres millones de ciudadanos estadounidenses que se beneficiarían directamente con la medida. Para el diario, también es importante ayudar a saldar la deuda de PR, que asciende a unos $70 mil millones.

La revista de negocios Forbes, por su parte, aboga por reinstalar el régimen fiscal que posibilitó ubicar empresas farmacéuticas en PR en los años 70, así como eximir del pago de impuestos corporativos a los fabricantes de medicinas genéricas y dar un alivio contributivo preferencial a las farmacéuticas que generen propiedad intelectual.

La reconocida publicación igualmente sostiene que la ruptura en la cadena de suministros médicos con China encaja perfectamente con las políticas públicas nacionalistas de Donald Trump.

Así las cosas sobre este tema, es más que evidente que el proyecto de ley propuesto por la comisionada Jenniffer González constituye un llamado a la sensatez. La iniciativa es clara, lógica y más que necesaria. Puerto Rico clama por ser lo que era antes en este sentido. Y nuestro país tiene el poder y los mecanismos para hacerlo posible.

Dr. Rafael Marrero

CEO Inc. 500 - Experto nacional # 1 en contratación federal - Multipremiado economista - Asesor financiero - Autor del bestseller de Amazon "La salsa secreta del Tío Sam" - Columnista de varias publicaciones - Comentarista de noticias en radio y televisión.

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